En Costa Rica, cada año el Estado invierte miles de millones de colones en la compra de bienes y servicios. Desde artículos de oficina hasta proyectos de infraestructura, pasando por servicios de limpieza, consultoría, jardinería, transporte, alimentación y tecnología. Este proceso no se realiza de manera informal, sino a través de un sistema regulado y transparente: las licitaciones públicas.
Sin embargo, a pesar de que existe un “mercado abierto” en el que cualquier empresa o emprendedor puede participar, la mayoría de los pequeños y medianos negocios no se animan a dar el paso. ¿La razón? Desconocimiento, miedo a la burocracia y la creencia de que “eso es solo para empresas grandes”.
Un estudio de la Contraloría General de la República (2023) mostró que más del 70% de los proveedores inscritos en el SICOP corresponden a pequeñas y medianas empresas (PYMES). Aun así, la participación efectiva es mucho menor, y una gran parte de las contrataciones siguen concentrándose en pocas empresas que sí conocen cómo moverse en este entorno.
Esto significa que miles de emprendedores y negocios familiares están perdiendo oportunidades valiosas, no porque no tengan la capacidad de cumplir, sino porque no saben cómo comenzar.
En palabras del experto en contratación pública Ernesto Jinesta Lobo:
“El principio de libre concurrencia busca garantizar que el mayor número posible de oferentes participen en los concursos, de modo que la Administración pueda seleccionar la oferta que mejores condiciones le brinde”.
En pocas palabras, el Estado necesita más proveedores y busca que tanto las grandes como las pequeñas empresas tengan la oportunidad de competir en igualdad de condiciones. Si quieres aprender cómo ofrecer tus productos o servicios al gobierno, haz clic en el siguiente botón.
